Carta abierta de 102 economistas

Estamos a tiempo de evitar otra crisis

Los españoles soportan actualmente la mayor presión tributaria de la historia, fruto de las decenas de subidas y creaciones de impuestos decididas por el gobierno de Pedro Sánchez y la inflación. Pese a ello, 2024 será el 17º año consecutivo en que la totalidad de los intereses de la deuda pública se pagará con nueva deuda. Ambos elementos muestran el desinterés del gobierno por sanear las cuentas públicas.

Que la deuda pública como proporción del PIB esté en un lento descenso y la prima de riesgo esté contenida en torno a los 100 puntos base son falsos consuelos. La deuda pública cae como proporción del PIB en gran medida por la inflación (que “engorda” el PIB). La prima de riesgo es ahora como un termómetro que no puede subir más allá de 37°, debido a que el BCE mantiene intervenido el mercado de deuda.

La acción del BCE y la suspensión hasta diciembre último de las reglas fiscales europeas vienen disfrazando los desequilibrios de la economía española, al tiempo que agrandan los riesgos futuros.

La economía española, lejos de “ir como una moto”, va a menos. Este 2024 será el año de menor crecimiento económico desde 2014, excluyendo el pandémico 2020, aun contando con los “dopajes” de los fondos europeos y un gasto público que continúa inflando la demanda. La productividad (PIB por ocupado) está en caída: entre 2018 y 2023 cayó cerca de 4%, el peor resultado entre los países avanzados. Mientras, España continúa mostrando la mayor tasa de paro de Europa.

En este contexto, lo que necesita la economía es un urgente saneamiento del gasto público que permita equilibrar las cuentas públicas, de modo de detener el crecimiento de la deuda pública. La privatización de empresas estatales permitiría reunir recursos para amortizar deuda pública y, al mismo tiempo, estimular la inversión privada en amplios sectores de la economía. Con cuentas públicas saneadas y la deuda pública bajo control, se podría aligerar la carga impositiva para reducir costes de producción y recuperar parte de la competitividad perdida. Suprimir o atenuar los escalones regulatorios que desalientan el crecimiento de las pymes sería una forma de alentar la inversión productiva.

Sin embargo, lejos de comprender la fragilidad del momento económico, el gobierno parece embarcado en una agenda intervencionista y liberticida que no puede tener un final feliz. Se acaba de elevar el salario mínimo de forma arbitraria y ajena a la ley. Además, el gobierno amenaza con reducir la jornada laboral de manera compulsiva, topar los salarios de los directivos, encarecer el despido y sentar a representantes de los empleados en los consejos de administración. Todas medidas que atacan el derecho de propiedad, la libertad de contratación y “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” que establece el artículo 38 de la Constitución Nacional. También son formas de seguir debilitando la seguridad jurídica.

Los abajo firmantes, economistas, académicos, periodistas económicos y empresarios, advertimos que la política económica del gobierno ahondará los problemas de competitividad y, tarde o temprano, eso se traducirá en un debilitamiento del empleo y los salarios y, con ello, de las cuentas públicas.

Estamos a tiempo de evitar lo que ocurrió entre 2007 y 2013: que por desoír las advertencias de economistas y organismos internacionales, se condenó a la ciudadanía a una crisis profunda, durante la que se perdieron 3,7 millones de empleos.