Arriba tienen que estar los menos preparados, así las elites extractivas y los populistas van sobrados
Las políticas se evalúan por sus efectos, no por sus intenciones.....Juan L Jimenez.
- https://twitter.com/JuanLuis_JG/status/1495321080059342851?fbclid=IwAR1yZ0WfzyWTUTZq3kEdIdUjI-HySahXQLbDfJ2zIodcBhmFDK6m0VCm-hA
- https://twitter.com/JuanLuis_JG/status/1503683114631143425?fbclid=IwAR2xrIeIrDnSvJXHce4ynMDMme16kVw6JScMUjE4Etz0SLC0xaHWzTcn8ZA
https://elpais.com/economia/2022-06-09/asi-ha-cambiado-el-mapa-bancario-espanol-10-anos-despues-del-rescate-cuando-los-peces-gordos-se-comieron-a-otros-peces-gordos.html
El efecto del descuento de 20 céntimos sobre los precios de gasolinas y diésel en España
Por Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles
En los últimos meses, y sobre todo tras la invasión de Ucrania, los precios de los hidrocarburos en España (y en buena parte de Europa) han ido en aumento (véase aquí). Y este incremento tiene un efecto directo negativo para cualquier economía: la inflación.
En este contexto, varios países europeos han implementado medidas de intervención en estos mercados con el fin (aparente e intencionado) de reducir los precios finales pagados por los consumidores, entre las que se encuentran la fijación de precios máximos (Eslovenia, por ejemplo), reducciones impositivas (Irlanda o Bélgica, por ejemplo) o incluso subsidios, como es el caso de España.
El 28 de marzo de 2022, el Gobierno anunció que a partir de 01 de abril entraría en vigor una medida temporal (hasta el 30 de junio del presente) consistente en la reducción de 20 céntimos en el precio final de los hidrocarburos en las estaciones de servicio.
Pero la medida traía un matiz importante: las estaciones pertenecientes a empresas con capacidad de refino en España (Repsol, Cepsa y BP), que además son las de mayor presencia en el país, deberían descontar 5 céntimos mientras el Estado aportaría los otros 15. Para las otras estaciones, el descuento sería íntegramente cubierto por fondos públicos (20 céntimos).
En un trabajo en evaluación (disponible en breve, bajo petición a los autores), analizamos los efectos que estas medidas han tenido sobre los precios del diésel y la gasolina 95 en Europa. Y, entre ellos, los cambios en España. Veamos este caso concreto.
Datos y estrategia empírica
Para ello contamos con un panel de datos de precios medios semanales de la gasolina 95 y diésel, tanto antes como después de impuestos, desde la primera semana de enero de 2022 hasta la segunda semana de Mayo de 2022 (19 semanas, fuente Comisión Europea en el Weekly Oil Bulletin); además de la cotización semanal media del barril de crudo tipo Brent, expresado en euros (tras aplicar tipo de cambio).
Para evaluar los efectos causales de una política se necesita disponer no solo de información acerca de cómo se ha comportado la variable de interés (en este caso, los precios) en el grupo afectado por la política (España), sino también en otro grupo que no estuviera afectado por la política, lo que se conoce como el “grupo de control”.
Por suerte para el análisis, varios países europeos no implementaron política alguna en el periodo estudiado (Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Suecia), conformando los precios medios de los hidrocarburos en estos el grupo de control.
En definitiva, se trataría de observar cómo se comportan los precios en España tras la política respecto de aquellos países que no aplicaron política alguna. Esto nos definiría una situación contrafactual: ¿qué precios hubiera tenido España si la política no se hubiera aplicado?
Los resultados
La ecuación estimada es la usual en los modelos de diferencias-en-diferencias:
Donde Pit es el precio del hidrocarburo (gasolina o diésel) en el país i en la semana t; DiD es la variable de interés (la interacción entre las binarias “Tratado” y “Después”), y que nos mostraría cuánto varían los precios en España respecto al comportamiento medio de los países que no tuvieron política alguna (grupo de control) tras la política. Los resultados de las estimaciones se muestran en la tabla siguiente.
Tabla 1: Estimaciones modelo Difference-in-difference
Los resultados son claros: los precios medios en España aumentaron tras la política en, aproximadamente y en media, 5 céntimos. Concretamente la gasolina 95 incrementó 2,7 céntimos de euros antes de impuestos y 3,7 después de impuestos; y el diésel aún más, llegando a 4,1 y 6 céntimos de euro antes y después de impuestos, respectivamente.
Como cuestión técnica, resaltar que el análisis de regresión de tendencias paralelas previas a la política entre el grupo de control y España muestra que ambas se comportaron de manera similar. Eso quiere decir que España y los países del grupo de control tenían un comportamiento similar antes de la aplicación de la política y, por lo tanto, son comparables y los resultados son válidos.
Conclusiones
Varias son las lecciones que se pueden extraer de estos resultados. En primer lugar muestran cómo en un mercado con severos problemas de competencia en todas los eslabones de la cadena productiva (véase entradas al respecto aquí o aquí), y una demanda inelástica, el establecimiento de un subsidio permite que los productores se apropien de una parte de este (la traslación a precios depende de la competencia, como se evalúo aquí).
Y en segundo lugar, la inefectividad de la medida: una parte de la subvención no se refleja en menores precios para los consumidores, que deberían pagar 20 céntimos menos, y no 15 como realmente está pasando. Además, con el agravante doble del coste que tiene para el sector público y el medioambiental, al estar financiando e incentivando la generación de emisiones contaminantes.
Juan Luis Jiménez
Juan Luis Jiménez es Doctor en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Profesor Titular en la misma. Su campo de especialización es la política de defensa de la competencia y, en general, la economía pública, con líneas de investigación en turismo, transporte, corrupción política o energía, entre otras.
https://nadaesgratis.es/juan-luis-jimenez/el-efecto-del-descuento-de-20-centimos-sobre-los-precios-de-gasolinas-y-diesel-en-espana
La CNMC multa con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras
- Las empresas sancionadas son Acciona Construcción, S.A., Dragados, S.A., FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Obrascón Huarte Lain, S.A. y Sacyr Construcción, S.A.
- Desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas.
- También intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.
- Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.
La CNMC ha impuesto multas por un total de
203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras
españolas: Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A.
(57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial
Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones)
y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones) por haber alterado durante
25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y
obra civil de infraestructuras. (S/0021/20)
Las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En este caso, se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente
dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos
convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y
edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos,
carreteras, etc.
Entre las AAPP afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al
ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus
organismos y entidades públicas empresariales dependientes.
Conductas y modus operandi del Grupo
Desde 1992, el Grupo se reunía semanalmente para analizar las
licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes
plataformas de contratación del Estado.
En las reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a
compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los
trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los
trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del Grupo a
empresas externas.
Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para
presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del
resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la
inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento
conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia
en la presentación de las ofertas. Las empresas desarrollaron unas
complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el
tiempo que duró la conducta.
Además, en los encuentros semanales, las empresas intercambiaban
información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir
los trabajos), por ejemplo, su intención de concurrir o no a
licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas)
y los miembros que las integrarían.
Acuerdos en las ofertas técnicas
En el caso de los contratos de edificación y obra civil de
infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras,
aeropuertos, etc.) durante el periodo investigado la oferta técnica era
en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia. Esta
llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30%
correspondiente a la puntuación económica.
Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de
puntuación por la administración como parte de la oferta técnica[1].
En algunos supuestos, en torno al 5%, las empresas llegaron a
compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la
Administración.
El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública.
Las empresas disolvieron el G7 en el año 2017 y manifestaron
expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de
defensa de la competencia.
Efectos de las conductas
Los acuerdos colusorios sancionados han derivado en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante.
Las conductas también produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva
frente a las empresas del Grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor
coste para la preparación de las proposiciones técnicas. Además, al no
disponer de la misma información estratégica que las empresas del Grupo,
se alteraron los términos de competencia leal entre todos los oferentes.
Ha de tenerse en cuenta el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia las prácticas colusorias, debido al gran número de obras en las que hubo trabajos compartidos entre empresas del Grupo, el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas.
Sanciones económicas y prohibición de contratación con la administración
Las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que conlleva las
siguientes sanciones:
- Acciona Construcción, S.A.: 29,4 millones
- Dragados, S.A.: 57,1 millones
- FCC Construcción, S.A.: 40,4 millones
- Ferrovial Construcción, S.A.: 38,5 millones
- Obrascón Huarte Lain, S.A.: 21,5 millones
- Sacyr Construcción, S.A.:16,7 millones
La CNMC declara el archivo de las actuaciones contra la empresa Lantania, S.A.
Las conductas anticompetitivas sancionadas se han prolongado más allá de
la fecha de entrada en vigor de la prohibición de contratar (22 de
octubre de 2015) por lo que se remite la resolución a la Junta
Consultiva de Contratación Pública para que determine su duración y
alcance.
La CNMC recuerda que contra estas resoluciones podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
notificación.
Más información:
La CNMC ordena reiniciar la tramitación del expediente de obra civil
[1] Los trabajos compartidos eran principalmente: Medio Ambiente, Seguridad y Salud, Comprobación de Mediciones, Estudio de Detalle, Topografía, Geotecnia, Servicios Afectados (Desvíos de Tráfico, Interferencia…), Revisiones Técnicas, aspectos relacionados con el proyecto de obra: recálculo de la base, revisión del proyecto.
Documento no oficial destinado a los medios de comunicación y que no vincula a la CNMC
https://www.cnmc.es/prensa/sancionador-obra-civil-20220707
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